No sólo es posible, sino también un imperativo jurídico
Hoy, la inclusión social es un tema central, en
tanto promueve la armonía social. Nadie duda de la capacidad transformadora de
la escuela en este tema. Pero nuestra escuela ¿transforma?
El sistema educativo homogeneiza, y ésa es una de
las razones por las cuales muchos alumnos aprenden menos de lo que podrían,
otros quedan afuera y otros permanecen sin encontrarle sentido. Esta realidad
es un aprendizaje que marca la vida de los alumnos, un modelo que impacta sobre
los docentes y, sin dudas, sobre la sociedad toda, que luego reproduce
mediocridad, exclusión y falta de sentido.
Dado que el derecho a la educación se
interrelaciona con el goce de otros derechos fundamentales, es claro que el
sistema educativo así planteado daña la trama social, en lugar de potenciar el
bien común.
Urge una revisión crítica y constructiva del
sistema. No una más de las tantas, sino una revisión hacia un sistema de
educación inclusiva con un plan que contemple la modificación de las normas y
prácticas actuales. Hacerlo no sólo es posible, es un imperativo jurídico.
Digo que es posible porque lo demuestran más de 20
años de desarrollos en el tema, progresos pedagógicos basados en las
neurociencias que amplían los modos de aprendizaje y su implementación en
algunos lugares del mundo donde ya ha mostrado ser un sistema superador en lo
académico y en lo social.
Destaco que la educación inclusiva siempre es de
"calidad", pues fomenta la excelencia brindando más oportunidades en
equidad, permite hacer y aprender más al potenciar las expectativas de logro de
cada estudiante y promueve su participación y sentido de pertenencia.
En este sentido -porque asegura el ingreso,
trayectoria y finalización de estudios-, es en rigor el único sistema capaz de
garantizar que la obligatoriedad de la educación sea una realidad y no una mera
declaración de principios desmentida por los alarmantes niveles de deserción
que hoy registramos.
Como imperativo jurídico, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ley 26.378 en nuestro país, plantea
que para asegurar el goce del derecho a la educación, los Estados parte
asegurarán sistemas de educación inclusiva. Se trata de una convención de
derechos humanos y desarrollo que si bien hace foco en las personas con
discapacidad, pues se generó para asegurar el goce de derechos humanos
fundamentales en igualdad de condiciones con las demás, brinda pautas claras
para una sociedad más respetuosa para todos.
¿Seguiremos convalidando por acción u omisión un
sistema educativo ineficaz que reproduce inequidad y devuelve a la sociedad más
de lo mismo, o asumiremos la responsabilidad del cambio?
Están los desarrollos teóricos y prácticos para
asumir esa responsabilidad. El imperativo jurídico, también. Hacen falta la
decisión política y el compromiso de la comunidad para avanzar hacia un sistema
eficaz para todos.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/autor/magdalena-orlando-6456
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